EL gobierno ahorraría 2000 millones de pesos al eliminar el plan obligatorio de vacunación

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Un proyecto de ley presentado por una diputada de Unión-PRO podría afectar la aplicación del Calendario de Vacunación Obligatorio, que establece el cronograma de vacunas para adultos y recién nacidos hasta los 15 años. La iniciativa propone instaurar un “consentimiento informado” y habilita a los padres o responsables de los menores de edad a rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis y varios tipos de hepatitis.

El proyecto presentado por la diputada Paula Urroz autoriza a los adultos mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, después de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica”.

“Las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derechos al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”, afirma el proyecto presentado en el Congreso de la Nación por la diputada del PRO, Paula Urroz.

Entre los fundamentos de su proyecto, Urroz establece que “las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.

La sociedad cientifica alertó sobre los verdaderos motivos del proyecto de ley, al afirmar que en realidad, lo que se está buscando es ajustar el presupuesto nacional asignado al plan obligatorio de vacunación que hoy asciende a 4300 millones de pesos. Este año, transcurridos 6 meses solo se han gastado 1200 millones, es decir el 25% del presupuesto anual. El gobierno se ahorraría 2000 millones de pesos si el plan nacional de vacunación deja de ser obligatorio, afirman desde la comunidad medica.

Si bien el proyecto recién inicia su trámite parlamentario y todavía no fue tratado por las comisiones correspondientes, para el médico sanitarista y ex ministro de Salud Daniel Gollan la iniciativa es “grave” en el marco del recorte del Programa Nacional de Inmunizaciones que incluyó el cierre de vacunatorios públicos, suspensión de compra y distribución de vacunas y el cierre de programas de capacitación técnica, que fueron transferidos de Nación a provincias y municipios. “En este contexto todo proyecto como este puede ser sospechoso”, advirtió Gollan.

Para Gollan, el Estado tiene obligaciones que no puede delegar. “El estado tiene que garantizar la mejor decisión posible para que el derecho de ese niño esté por encima de la decisión de los padres”, sostuvo el ex funcionario, quien vaticinó que ni los propios compañeros del bloque de Cambiemos apoyarán la iniciativa de Urroz.

Los padres, primeros cuidadores, deben velar por “el interés superior del niño” según declara la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 18. La ley 22909 va más allá, responsabilizando a quienes “… tienen a cargo niños para que cumplan con la obligatoriedad de la vacunación”. El derecho de los niños al “más alto nivel posible de salud” prevalece sobre otros intereses aun el de sus progenitores, lo que está avalado por fallo de la Corte Suprema de Justicia del 12 de Junio de 2012 (N.157.XLVI)

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