Ituzaingó: Una Ordenanza obliga al Intendente a designar un nuevo Defensor del Pueblo

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La desaparición del Defensor del Pueblo de Ituzaingó sigue generando polémica. Luego que el intendente decidiera no cubrir la vacante que dejó el Dr. Bruno Corbo y reemplazarlo por un delegado de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, concejales de la oposición dan cuenta de una ordenanza sancionada el 12 de septiembre del 2018 que obliga al intendente municipal a iniciar el procedimiento de designación del defensor, mandar la terna al Concejo Deliberante y cubrir la vacante.

Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la convocatoria dispuesta por el artículo 9 de la Ordenanza 3153 durante el periodo mencionado en el artículo primero“, reza el artículo 2 de la ordenanza 4907 del año pasado. La norma, que en su artículo primero le otorgaba al Dr. Corbo seis meses de prorroga en su mandato ya caduco, también le ordena al Intendente que inicie los trámites para cubrir la vacante de acuerdo a la Ordenanza de la Defensoría del Pueblo. La autorización además le pone un plazo al municipio: “Debe hacerse dentro del plazo de seis mesesesto es, entre septiembre del 2018 y marzo del 2019. A la fecha, Alberto Descalzo no ha enviado la terna, es más, ni siquiera le ha comunicado a las instituciones intermedias de nuestra comunidad que deben proponer candidatos. Hoy se escuchó en los pasillos del HCD una frase: “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”

El defensor es un órgano autónomo y se creó para controlar al intendente

La figura del Defensor del Pueblo, tal como lo mencionábamos en la nota publicada el pasado 3 de mayo,  no depende del ejecutivo municipal, todo lo contrario, es un órgano de control. En todos los casos, (Ciudad de Buenos Aires o Provincia) el defensor actúa para representar a los ciudadanos de los abusos de los poderes ejecutivos, para ello goza de autonomía, solo responde al Concejo Deliberante. La Defensoría, es un órgano de la democracia municipal ajeno a la voluntad del intendente, si así no fuera, de nada sirve otorgarle facultades de control. Dice un decreto firmado por el propio Descalzo (dec. 36/201): “El defensor del Pueblo tendrá como misión la defensa de los intereses tutelados por las ordenanzas municipales frente a los hechos o acciones de la administración municipal que impliquen un ejercicio abusivo, ilegitimo, defectuoso, irregular o discriminatorio”. Poco o nada podría hacer si dependiera de él.

Muerto el perro se acabó la rabia

Dejar vacante la Defensoría, sin decreto y sin firma, es lo que hoy se ha hecho. El gobierno de nuestra ciudad les ofrecerá a sus ciudadanos menos derechos de los que tenía ayer, menos opciones, menos democracia. Lamentablemente nuestro País tiene penosos antecedentes al respecto, solo basta recordar al memorable Dr. Ricardo Molinas, ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, hasta que fue destituido por el entonces presidente Carlos Menem por investigar casos de corrupción durante su gobierno. O quizá un episodio más actual, cuando se la nombra a Laura Alonso, una confesa militante del partido de gobierno como titular de la Oficina Anticorrupción, organismo constitucional que debe investigar al propio gobierno.

Los reclamos pendientes 

Un problema aparte, son los expedientes que hay hoy en la Defensoría del Pueblo y que aún no se han concluido, existen miles de reclamos en trámite. La solución aparente que se está buscando desde la Municipalidad, es que el “delegado” de la Defensoría de la Provincia de haga cargo de todo.

Habría que recordar que el Dr.Jorge Picolli, nombrado hoy como delegado, no puede actuar en los expedientes en trámite, no tiene competencia funcional y menos aún territorial. Intervenir en esos reclamos, acarrea la nulidad de todo lo actuado y “ex-profeso” se caerían todos los derechos adquiridos por los ciudadanos que han reclamado. La única autoridad que puede decidir ante la vacancia del Defensor es el Concejo Deliberante de Ituzaingó con un decreto que autorice a la secretaria técnica de la Defensoría a dictaminar y resolver los asuntos pendientes hasta tanto se nombre un reemplazo. Insistimos, el Defensor del Pueblo de Ituzaingó, no es un empleado municipal, es un órgano de control creado por ley y con autonomía funcional.

Por el Dr. Sebastián Sanguinetti

 

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