Para la compra del predio del Hogar Rodriguez – Viamonte, se le dará preferencia al Gobierno Nacional

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La Legislatura porteña aprobó un proyecto del Jefe de Gobierno por el cual desafectó del dominio público un conjunto de inmuebles y dispuso su enajenación y venta, entre ellos el parte del predio del Hogar Martín Rodriguez Viamonte, ubicado en Ituzaingó Sur, sobre la calle Ventura Alegre.

Si bien la desafectación no comprende las instalaciones propias del Hogar de ancianos sino las hectáreas sin infraestructura (son aprox. 15 hectáreas), la venta representa mas de un 60% del total del predio.

De acuerdo al procedimiento previsto en el Título Cuarto de la Ley 2.095 -de Compras y Contrataciones de la ciudad de Buenos Aires-, y también se aprobó la venta de otros inmuebles en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 de la citada norma “en las condiciones establecidas en sus respectivos boletos de compraventa”.

El artículo 3° de la ley establece que “tendrán prioridad para la compra, aquellos oferentes que se encuentren comprendidos en el inciso a) del artículo 58 de la Ley 2.095”. Agrega que “sin perjuicio de lo establecido precedentemente, respecto de los inmuebles ubicados fuera del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dará derecho de preferencia para la compra a los gobiernos nacional, provincial y/o municipal y sus entes autárquicos y/o descentralizados”. 

Según el artículo 4º “el 50 % de los ingresos provenientes de las enajenaciones a realizarse y las ventas aprobadas, será afectado específicamente a los incisos de Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 4.2 Construcciones del presupuesto del Ministerio de Educación, y el restante 50% a los incisos Gastos 4.1 Bienes Preexistentes y 4.2 Construcciones del presupuesto del Ministerio de Salud. Con esto se procura dotar de recursos materiales a los Ministerios de Educación y de Salud, a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente. Además, las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles se otorgarán por la Dirección General Escribanía General.

Se agregó una cláusula transitoria que sostiene: “Los ocupantes legítimos de los inmuebles establecidos en el Anexo I -ver detalle aparte- tendrán prioridad de compra según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2095”.

A los efectos de esta ley, se considera ocupantes legítimos a las personas físicas que residen en los inmuebles comprendidos con motivo de la suscripción de convenios de uso con la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad.

El debate comenzó con la intervención de la diputada Rocío Sánchez Andía (CC) quien anticipó su voto en contra de la iniciativa y expresó: “La desprolijidad con la que se manejó el expediente es vergonzosa. Ya lo habían empezado a pulir pero nunca queda claro por la falta de información con respecto al total de los terrenos: Qué obras específicas se van a hacer con el dinero y qué costo tienen”. Y postuló que “se debe poner en consideración para seguir revisando el expediente”, moción que no fue aceptada.

Por su parte, el legislador Edgardo Form (NE) manifestó: “Se trata de un conjunto de inmuebles innecesarios que podrían ser utilizados para resolver el déficit de viviendas que hay en la Ciudad” y pidió que siga sometido al análisis de la comisión.

En el mismo sentido fundamentó Alejandro Bodart (MST) su voto negativo y afirmó que “esta ley va de la mano con otras que se tratarán luego, donde intentan rematar todo lo que se pueda del paquete inmobiliario público”.

En tanto Virginia González Gass (PSur) dijo que coincidía con Sánchez Andía y Form y advirtió que “el listado tiene más de una irregularidad porque hay predios que fueron asignados previamente”.

Fabio Basteiro (BApT) argumentó su negativa diciendo que “sin ningún estudio previo se realizó el expediente y se pueden hacer muchas cosas antes que rematar un inmueble, tal como llamar a audiencias públicas, tratarlo extensamente en comisión, en fin convocar a la sociedad a opinar”. Y Jorge Selser (PSur) manifestó que compartía con los otros diputados pues “hay serias contradicciones en el proyecto”.

La diputada Carmen Polledo (PRO) aclaró que “no se vende ni la antena ni la planta transmisora de la radio (algo que había sido denunciado por el diputado Julio Raffo). Hubo inmuebles del proyecto original que se retiraron” y destacó que “el 50% del dinero será destinado a obras escolares y el resto a salud”.

También recalcó que “muchos inmuebles que tienen ocupantes legítimos, seguramente serán comprados por sus habitantes, de manera que también esto aporta a la solución habitacional que se ha mencionado”.

La ley sancionada tuvo 41 positivos y 15 negativos. A los votos del macrismo y el bullrichismo, se sumaron los de los diputados: Gabriela Alegre, Alejandro Amor, Juan Cabandié, Dante Gullo, Claudia Neira, Francisco Nenna, Mateo Romeo (Frente para la Victoria); Claudio Palmeyro (Sindical Peronista); Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi (Frente Progresista y Popular); Rubén Campos, Claudio Presman (UCR) y  María América González (Buenos Aires para Todos).

Por el artículo segundo de la norma se lo declara innecesario para la gestión del Gobierno y se dispone su enajenación, conforme a las modalidades y procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Ley N° 2.095.

El producido de la venta del inmueble será destinado a la construcción de una nueva centralidad administrativa de oficinas del Ministerio de salud, ubicado en la calle Monasterio 480, entre las calles Amancio Alcorta y Pedro Chutro.

Por el artículo 4°, el Poder Ejecutivo dará cumplimiento a la enajenación “una vez que se reubique al personal en las oficinas de la nueva centralidad del Ministerio de Salud de la Ciudad”. También se dispuso el procedimiento de doble lectura establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución local, por lo que se convocará a una audiencia pública para el tratamiento del asunto y luego la comisión parlamentaria deberá emitir un nuevo dictamen para que sea considerado por el Pleno a los fines de la sanción definitiva.

Por iniciativa del diputado Alejandro Amor (FpV) que aceptó la diputada Polledo se incorporó una cláusula transitoria que dice: “El Poder Ejecutivo remitirá a las paritarias centrales el otorgamiento de un suplemento especial a todos los trabajadores asignados en sus tareas en el Edificio y que será trasladados a la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad”.

Sánchez Andía y González Gass iniciaron las intervenciones del debate en general anticipando su negativa y en el mismo sentido Selser sostuvo que el proyecto tiene “argumentos pueriles que no resisten el menor análisis. Es absurdo. Esos edificios son los que menos mantenimiento requieren. Hay otro interés que puede ser inmobiliario o comercial” y propuso el pase a comisión nuevamente. En tanto, Julio Raffo fundamentó la aprobación de la venta diciendo que “el edificio no tiene ningún tipo de protección, es de dominio privado de la Ciudad”.

La ley sancionada tuvo 44 votos positivos, 4 negativos (Pablo Bergel, Alejandro Bodart, Rocío Sánchez Andía y Jorge Selser) y 7 abstenciones (Delia Bisutti, Adrián Camps, Gabriela Cerruti, Edgardo Form, Laura García Tuñón, Virginia González Gass y María Rachid). Los votos positivos fueron del PRO, Bases para la Unión y los diputados: Gabriela Alegre, Alejandro Amor, Juan Cabandié, Dante Gullo, Claudia Neira, Francisco Nenna, Mateo Romeo (Frente para la Victoria); Claudio Palmeyro (Sindical Peronista); Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi (Frente Progresista y Popular); Rubén Campos, Claudio Presman (UCR); María América González (Buenos Aires para Todos); Maximiliano Ferraro, Fernando Sánchez (CC ARI) y Julio Raffo (Proyecto Sur)

Fuente: ADNciudad

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